El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo explica la situación de las viviendas sociales tras la denuncia de una vecina a punto de ser desahuciada

Tras la denuncia realizada por una vecina, víctima de violencia de género y con dos hijos menores a su cargo, que lleva más de un año solicitando al ayuntamiento de Villanueva del Pardillo una vivienda social, el Consistorio explica la “crítica situación” de dichas viviendas.

La mujer, que inició el trámite de la solicitud en abril de 2018 y que no ha obtenido respuesta, sólo percibe 426 euros en concepto de la Renta Activa de Inserción que pueden solicitar la víctimas de violencia de género y, desde hace cerca de dos años, según denuncia, su expareja no paga la renta de la casa en la que habitan por lo que está a punto de ser desahuciada.

Desde el actual equipo de Gobierno, con Eduardo Fernández a la cabeza, afirman que “estamos trabajando intensamente para ofrecer soluciones a los retos sociales más importantes de nuestros días como es la vivienda social, un asunto que tiene la máxima prioridad. Nada más entrar a gestionar el Ayuntamiento, el nuevo equipo de Gobierno comenzó a trabajar para poder ofertarlas con urgencia”.

Actualmente el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo dispone de 6 viviendas sociales en régimen de alquiler con una mensualidad de entre 370 y 560 euros dependiendo del tamaño para poder dar cobertura a las familias del municipio que lo necesiten. Pero la realidad de dichas viviendas presenta una "situación crítica”.

En este sentido explican que “de las 6 viviendas, 2 pueden ser habitadas, aunque no cuenten con cocinas equipadas sí cuentan con fregadero, encimera y mueble bajo fregadero. No es la situación más óptima, pero según marca la ley estarían disponibles para poder ser ofertarlas cuando se dispongan de la situación legal exigible”.

En cuanto a las otras 4 viviendas sociales “les faltan las cocinas enteras, tienen defectos en pintura y ausencia de tapones en aparatos sanitarios entre otros desperfectos”.

“Ahora mismo” indican desde el Ayuntamiento “tan sólo existe una vivienda de emergencia social y está ocupada desde la legislatura pasada por una familia que igualmente en situación complicada necesitaba de su utilización”.

Y explican que “estos desperfectos se podrían haber subsanado y arreglado en la anterior legislatura si el equipo de gobierno saliente hubiera puesto en marcha las IFS de 2017 (Inversión financiera sostenible) que tenían aprobadas”.

“Las bases, realizadas por el anterior gobierno, estaban incompletas y desactualizadas. Por lo tanto, para paliar todas estas dificultades, se están terminando de redactar unas nuevas bases y requisitos, como la presentación de nómina o aval que acredite la solvencia, que tendrán que cumplir los vecinos que quieran acceder a las 2 viviendas que en estos momentos podrían ser ocupadas. El objetivo del área de Ordenación del Territorio y Vivienda es que antes que finalice el año se encuentren las viviendas ocupadas por aquellos solicitantes que las necesiten” manifiestan responsables del Consistorio.

Así, expresan que “el actual equipo de gobierno solicitó un informe técnico de las viviendas e informe económico el cual emite la existencia de una deuda dado que algunos inquilinos de las 32 viviendas han acumulado un total de 203.904,53 € de deudas por renta en el alquiler a lo largo de los últimos años sin que se impidiera desde el Consistorio. Hasta abril de 2016 y previo a la liquidación de la Sociedad Urbanística Municipal se acumuló un total de 119.033,70 € y desde esta fecha hasta el 30 de octubre un total de 84.870,83 €”.

Para finalizar, concluyen diciendo que “a día de hoy todos los contratos se encuentran completamente vencidos desde el año 2010. Una gran parte de los inquilinos de estas viviendas han querido durante estos años normalizar la situación, pero con un resultado negativo. Por lo tanto, todos estos aspectos suponen una clara dejación de funciones y es por lo que desde el equipo de Gobierno se va a realizar una auditoría de esta situación con cargo al presupuesto de 2020 dado que en la actualidad se vive con el del 2018 prorrogado”.