Política

Las deudas de los imputados Gurtel con Hacienda

9 de Abril de 2010. 12:12
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Según un informe de 30 páginas de la Agencia Tributaria incluido en el sumario desclasificado, los imputados del caso Gurtel que recibieron pagos en "dinero B" tendrán que hacer frente a cuantiosas deudas generadas por no haberlo declarado ante Hacienda. El ex-alcalde de Boadilla, debería abonar 278.000 euros por sus ingresos no declarados, según el expediente.
Según un informe de 30 páginas de la Agencia Tributaria incluido en el sumario desclasificado, los imputados del caso Gurtel que recibieron pagos en "dinero B" tendrán que hacer frente a cuantiosas deudas generadas por no haberlo declarado ante Hacienda.

La Agencia Tributaria ha analizado los apuntes del pendrive del contable de la trama, así como la documentación incautada para realizar una estimación del incremento de patrimonio no justificado ante el fisco y la deuda, que por tanto, deberían hacer frente los imputados.

Así, el informe de la Inspección Financiera y Tributaria revela que el ex-alcalde de Boadilla, debería abonar 278.000 euros por sus ingresos no declarados. Arturo González Panero, es el imputado que más dinero habría cobrado de la trama, según el informe.

El ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, adeudaría algo más de 147.700 euros, y el tercer alcalde implicado, el argandeño Ginés López, 237.794 euros por sus ingresos no justificados para Hacienda. Una cifra cercana deberá hacer frente José Galeote, ex concejal de Boadilla, (237.000 euros), mientras que su hijo, Gerardo Galeote, debe 116.000 euros.

De la cúpula de la EMSV de Boadilla del Monte, Tomás Martín Morales, ex vicepresidente y mano derecha del ex alcalde, habría generado una deuda de 210.000 euros, y Alfonso Bosch Tejedor, antiguo gerente de la empresa, tendrá que justificar sus ingresos y hacer frente a los 108.000 euros que le reclama la Agencia Tributaria.

En cuanto a los diputados autonómicos, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, Hacienda les reclama el pago de 160.000 y 157.000 euros respectivamente, por el dinero no declarado incautado en los documentos de la investigación.

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